Diez años después de la aprobación de la Directiva de Daños, la aplicación privada del Derecho de la Competencia se ha consolidado como una vía habitual de reclamación en España, transformando de forma estructural la litigación antitrust. Así lo analiza el artículo publicado en El Confidencial, que repasa el impacto de la norma desde su transposición al ordenamiento español en 2017.
La Directiva supuso el paso de un modelo centrado casi exclusivamente en el ámbito sancionador y contencioso-administrativo a otro en el que las acciones civiles por daños y perjuicios, especialmente las acciones follow-on derivadas de cárteles, han adquirido un papel protagonista ante los juzgados mercantiles. Este cambio ha ido acompañado de una mayor especialización de los despachos y de un incremento significativo del volumen de litigios.
El artículo también pone de relieve los principales retos del sistema: la prueba y cuantificación del daño, el acceso efectivo a la información, la dispersión de criterios judiciales y la sobrecarga de los juzgados mercantiles. En este contexto, el régimen de prescripción, tal y como ha sido interpretado por el Tribunal Supremo y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, se identifica como uno de los factores que más ha impulsado las reclamaciones por daños en los últimos años.
En este análisis participa Diego Crespo, socio del área de Competencia y Derecho de la Unión Europea de Marimón Abogados, quien destaca la relevancia del nuevo plazo de prescripción y su régimen transitorio como elemento clave en el desarrollo de la aplicación privada del Derecho de la Competencia en España.
El balance que se desprende es el de un sistema en evolución, que apunta hacia una litigación menos masiva pero más sofisticada, con procedimientos de mayor complejidad y valor económico, y en el que la Directiva de Daños se ha consolidado como un pilar estructural del modelo.
📄 Artículo completo de Alejandro Galisteo Domingo en El Confidencial – Artículo
