Las reclamaciones de daños por cárteles en administraciones públicas siguen siendo una herramienta poco utilizada, a pesar del enorme perjuicio económico que su inacción supone. Así lo analiza El Confidencial en un reciente reportaje que alerta sobre la escasa reacción de las AAPP ante conductas anticompetitivas que afectan directamente a fondos públicos.
En el reportaje, Marcelino Pajares (socio) del área Procesal y Rodrigo Sánchez (abogado) del área de Competencia y Derecho de la UE de Marimón Abogados, explican que esta falta de reacción institucional responde, entre otros factores, a la ausencia de apoyo político, la falta de incentivos y el desconocimiento del Derecho de la Competencia.
Ambos señalan a Cataluña como ejemplo de buena práctica, gracias a iniciativas concretas como la moción parlamentaria de 2020 y el protocolo impulsado con la ACCO, que buscan precisamente facilitar este tipo de reclamaciones de daños por cárteles en administraciones públicas.
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