Como viene siendo un clásico en los últimos ejercicios, seguimos constatando la continuada perseverancia de las autoridades de competencia en la persecución de las prácticas anticompetitivas que puedan afectar a la contratación pública. Es su gran caballo de batalla y así lo publicitan mediante numerosos expedientes sancionadores e inspecciones, así como la adopción de sistemas de detección y mecanismos sancionadores cada vez más sofisticados.
La insistencia en atajar el bid rigging no es exclusiva de nuestro país, de modo que tratamos de ofrecerles una pequeña panorámica de las más recientes decisiones en esta materia en otras jurisdicciones. En todo caso, nuestro análisis en profundidad lo dedicamos a decisiones nacionales, donde las UTEs, la prohibición de contratar, la obstrucción en inspecciones, las sanciones a empresas y directivos y los programas de compliance siguen siendo los temas estrella.
Como apunte final queremos destacarles que se acaban de publicar las normas que gobernarán próximamente las relaciones verticales (proveedor-distribuidor) desde la perspectiva de competencia. En ellas, la participación en licitaciones públicas (o privadas) pasa a considerarse una “venta pasiva”. Para saber más, les emplazamos a valorar nuestra próxima Newsletter monográfica sobre el tema.
