La compartimentación territorial del mercado único europeo, una estrategia utilizada por muchos fabricantes para proteger sus márgenes y adaptar sus políticas comerciales, está siendo objeto de una presión normativa sin precedentes. Desde la óptica de la Unión Europea, estas prácticas suponen un obstáculo directo al objetivo de integración del mercado interior, y tanto el Derecho de la competencia como nuevas herramientas legislativas están avanzando para limitar su uso.
¿Qué se entiende por compartimentación del mercado?
Se trata de la segmentación geográfica del mercado europeo mediante acuerdos o prácticas empresariales que buscan restringir la libre circulación de productos entre Estados miembros. Un ejemplo típico es la asignación exclusiva de territorios a distribuidores, impidiendo que otros operadores puedan realizar ventas activas en dichas zonas. Aunque estas estrategias responden a una lógica económica legítima, como la diferenciación de precios o la adaptación a preferencias locales, la normativa europea exige que respeten límites claros: las llamadas “ventas pasivas” no pueden ser restringidas.
Una evolución normativa cada vez más exigente
El Reglamento 2022/720 ha reforzado significativamente el marco jurídico, prohibiendo cláusulas contractuales que limiten el uso de internet como canal de distribución y consolidando la protección de las ventas pasivas. Esta regulación recoge la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE en casos como Coty Germany y Pierre Fabre, y constituye el nuevo estándar para valorar la compatibilidad de los sistemas de distribución exclusiva con el Derecho de la competencia.
Además, en los últimos años se han adoptado nuevos instrumentos normativos, como el Reglamento sobre geobloqueo (2018/302), que prohíbe determinadas prácticas discriminatorias en el comercio online, incluyendo la redirección automática a páginas locales o la negativa a vender por razón de la nacionalidad o lugar de residencia.
Casos recientes: sanciones millonarias por restringir el comercio paralelo
La Comisión Europea ha intensificado su actividad sancionadora en esta materia. En 2024, impuso una multa de casi 340 millones de euros a Mondelēz por implementar medidas que obstaculizaban la reventa de productos entre Estados miembros. Igualmente, se sancionó al fabricante Pierre Cardin y a su licenciatario Ahlers por restringir las ventas transfronterizas de ropa con una multa de 5,7 millones de euros.
Estas actuaciones reflejan un mensaje claro: la libre circulación de bienes en el mercado único europeo no puede verse condicionada por prácticas que, aunque comercialmente justificables, vulneran los principios fundamentales del Derecho de la UE.
Nuevas exigencias y presión sectorial
Más allá de la normativa existente, la UE ha iniciado un ejercicio de recopilación de evidencias sobre las restricciones territoriales en sectores estratégicos. En paralelo, los grandes distribuidores europeos, a través de entidades como EuroCommerce o Independent Retail Europe, están presionando para que se adopte legislación específica contra estas barreras. Uno de los objetivos es eliminar las diferencias de precio injustificadas entre países mediante una normativa clara y homogénea a escala comunitaria.
¿Qué deben tener en cuenta las empresas?
En este nuevo contexto, las estrategias basadas en la segmentación territorial deben ser revisadas a fondo. La presión regulatoria y la evolución jurisprudencial indican una tendencia firme hacia la eliminación de obstáculos al comercio paralelo. Los fabricantes se enfrentan al reto de diseñar modelos de distribución compatibles con las exigencias normativas, especialmente en entornos digitales y paneuropeos.
La compartimentación del mercado, aunque aún legalmente posible en ciertos casos, se sitúa en el centro del debate político, jurídico y económico en la UE. Y todo apunta a que su margen de actuación se verá cada vez más reducido.
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