A finales de 2024, la Dirección General de la Competencia, el Consumo y la Represión de los Fraudes (DGCCRF) del Ministerio de Economía francés impuso una sanción de más de 10 millones de euros a Eureca, la sociedad con domicilio en España que centraliza las compras del grupo Carrefour con proveedores paneuropeos. El motivo: incumplir el plazo máximo para la firma de los contratos anuales de compra con 12 de sus proveedores.
Poco después, en agosto de 2024, conocíamos también la sanción de 38 millones de euros a Eurelec, central de compras con sede en Bélgica perteneciente a la francesa Leclerc y al grupo alemán Rewe, por prácticas similares con 62 proveedores.
Más allá del impacto económico, estos casos destacan un principio clave: las disposiciones nacionales imperativas no pueden esquivarse estableciendo la sede en otra jurisdicción.
Desde la adopción de la Directiva 2019/633, todos los Estados miembros de la UE cuentan con normativa contra las prácticas comerciales desleales en la cadena alimentaria. Sin embargo, el grado de exigencia varía entre países, lo que ha llevado a algunas empresas a centralizar negociaciones en jurisdicciones menos estrictas.
Las sanciones impuestas por Francia a Eureca y Eurelec —ambas con sede fuera del país— demuestran que esta estrategia no impide la aplicación de las normas locales cuando los elementos esenciales de la relación comercial (como el suministro de productos) se desarrollan en ese territorio.
Aunque estas centrales negocian desde España o Bélgica, las operaciones afectan a entidades establecidas en Francia, y por tanto, están sujetas a su regulación imperativa. De este modo, no basta con cumplir la normativa del país en el que se encuentra la sede: también deben respetarse las normas de los Estados donde se materializan las transacciones.
Este caso refuerza la necesidad de que las empresas multinacionales tengan en cuenta las obligaciones legales de todos los Estados donde operan, especialmente cuando se trata de disposiciones imperativas.
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