El derecho a la desconexión digital, regulado en el artículo 88 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LO 3/2018), garantiza que los trabajadores no reciban ni deban atender comunicaciones laborales fuera de su jornada, preservando así su descanso, intimidad y conciliación.
En menos de tres años, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSJG) ha ido perfilando su doctrina sobre este derecho, pasando de un enfoque más restrictivo a una interpretación más protectora de los derechos del trabajador 2. En noviembre de 2022, el TSJG desestimó la existencia de vulneración del derecho a la desconexión digital al entender que el envío de correos electrónicos fuera del horario laboral, sin exigencia de respuesta, no lesionaba la intimidad ni justificaba indemnización 3. Sin embargo, en marzo de 2024, el mismo tribunal reconoció la vulneración de este derecho y condenó a la empresa a abonar al trabajador una indemnización de 300 euros por daños morales .
Esta doctrina fue ratificada en abril de 2025, vinculando la desconexión digital con la integridad moral protegida por el artículo 15 de la Constitución Española. En este caso, se enviaron correos electrónicos a una trabajadora en situación de incapacidad temporal por ansiedad, lo que se consideró una injerencia injustificada en su esfera personal y se condenó a la empresa a abonar una indemnización de 1.500 euros.
Estas resoluciones muestran que el incumplimiento del derecho a la desconexión digital puede generar responsabilidad empresarial por daños morales, con indemnizaciones que parecen estar aumentando progresivamente. Por ello, se recomienda que las empresas elaboren un protocolo interno de digital, conforme al artículo 88 de la LO 3/2018, para evitar litigios y sanciones económicas
