Desde el pasado 28 de junio, la accesibilidad digital ha dejado de ser una recomendación para convertirse en una obligación legal. La entrada en vigor de la Ley 11/2023 supone un hito normativo en la adaptación del ordenamiento jurídico español a los principios del Acta Europea de Accesibilidad, cuyo objetivo es garantizar que las personas con discapacidad puedan acceder y utilizar en igualdad de condiciones determinados productos y servicios en el entorno digital.
En este contexto, nuestras compañeras Marta Valls (counsel) del área de Público y Regulatorio y Laura Morato (abogada) del área de Protección de Datos y Tecnología, han participado en un artículo publicado en Cinco Días, donde analizan los principales aspectos de esta normativa y su impacto práctico en distintos sectores económicos.
Plazos de adaptación y obligaciones adicionales
La norma establece distintos plazos en función del momento de comercialización del producto o servicio. Los que se desarrollen a partir del 28 de junio de 2025 deberán cumplir desde esa fecha, mientras que aquellos que ya se encuentren en el mercado disponen hasta junio de 2030 para adaptarse. Esto ofrece un margen razonable para que las empresas realicen las modificaciones necesarias.
Además, las entidades obligadas deberán conservar durante un mínimo de cinco años la documentación técnica que acredite su conformidad con los requisitos de accesibilidad exigidos. Esta documentación será clave en caso de inspecciones o reclamaciones, por lo que se recomienda su elaboración y actualización con criterios de trazabilidad y rigor jurídico.
Impacto empresarial y necesidad de anticipación
La Ley 11/2023 plantea un cambio cultural en la forma en que las organizaciones diseñan sus servicios digitales. Lejos de ser una cuestión puramente técnica, la accesibilidad digital se convierte en una dimensión clave del cumplimiento normativo, con implicaciones jurídicas, reputacionales y operativas.
Desde Marimón Abogados, destacamos la importancia de anticiparse a los plazos legales mediante auditorías de accesibilidad, implementación de medidas correctoras y una adecuada formación interna. Todo ello en línea con un enfoque proactivo de responsabilidad social empresarial, alineado con los principios ESG (medioambientales, sociales y de buen gobierno).
Puedes consultar el artículo completo en Cinco Días
